La coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), Flor de María Vega Zapata, se pronunció sobre el asesinato del defensor ambiental Roberto Carlos Pacheco, hijo de Demetrio Pacheco, vicepresidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Tambopata. La familia llevaba desde el 2012 denunciando amenazas de personas que querían invadir su concesión forestal para extraer madera de forma ilegal, sin respuesta alguna por parte de las autoridades. El viernes pasado, su cuerpo fue hallado con dos impactos de bala, uno en la cabeza, y otro en la cadera, en un predio agrícola que colinda con su concesión forestal.
La magistrada envió sus condolencias a la familia de parte de la coordinación y de todos los fiscales por la irremediable pérdida del defensor ambiental, a manos de quienes considera, serían personas vinculadas a la minería ilegal o la tala ilegal. "Nosotros estamos muy apenados por esta situación que está pasando la familia de Roberto Carlos Pacheco (…) todavía no tenemos los nombres de quienes son los posibles partícipes, sin embargo, pienso que el Ministerio Público va a reforzar esta investigación", señaló.
Vega Zapata también manifestó que se tiene que reformular el trabajo del Ministerio Público en zonas como Madre de Dios, Loreto y Ucayali, donde los delitos ambientales están en aumento y vienen ligados con el crimen organizado. Esto se puede lograr trabajando de forma conjunta entre las FEMA y las Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada, sostuvo.
Sobre los retrasos en las denuncias presentadas por Demetrio Pacheco, ante las amenazas que venía recibiendo su familia desde hace varios años, la fiscal refirió que ha solicitado de manera inmediata a la coordinadora de las FEMA en Madre de Dios información de las principales resoluciones, con el fin de saber exactamente cómo se han trabajado esas carpetas y tomar las medidas que sean necesarias. "Vamos a ver si es necesario enviarlos a una investigación de control interno o hacer algunos cambios, porque no se pueden hacer denuncias y esperar a que los señores fiscales las trabajen cuando ellos puedan o quieran".
Por otro lado, también pidió poner en vigencia los protocolos de defensores de los derechos humanos que existen desde 2019, y exhortó al Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia a tomar como un precedente negativo este caso, para brindar seguridad a otras familias de defensores ambientales como la de Pacheco, que solicitan garantías que no se les otorgan. "Esa responsabilidad, primero se le tiene que pedir en la ciudad, tanto a la policía como a la Prefectura. Pero este tema está desbordando estos espacios que no toman interés sobre la vida de los defensores ambientales", indicó.
Protección para fiscales
Por último, la magistrada recordó que la fiscalía está solicitando la ratificación del Acuerdo de Escazú en el Congreso de la República, por su relación con la protección de los derechos de los defensores ambientales, que incluye también a los fiscales especializados en Materia Ambiental "Muchos de ellos se enfrentan día a día a mafias de minería ilegal y tala ilegal. Tenemos fiscales que han sido amenazados, que les han disparado. Es el momento de que el Estado tome una decisión más fuerte respecto a la vida de los defensores ambientales".
