En Madre de Dios 19 funcionarios están impedidos de trabajar en el Estado

nivel nacional la Contraloría sancionó administrativamente a más de 2 mil funcionarios y servidores públicos

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La Contraloría General reveló que un total de 2,137 funcionarios y servidores públicos se encuentran suspendidos o inhabilitados temporalmente para ejercer la función pública, al haber sido sancionados administrativamente por inconducta funcional (sanciones vigentes al 30 de abril del 2019).

En el departamento de Madre de Dios se detectaron a 19 funcionarios que fueron sancionados por la Contraloría.

La situación de estos sancionados no se verá afectada por la sentencia del Tribunal Constitucional porque se trata de sanciones firmes o consentidas (El fallo del TC de manera literal precisa que su decisión no tiene efectos retroactivos, lo cual además se encuentra establecido en la propia Constitución Política del Perú).

En otras regiones que concentran el mayor número de sancionados son Lima (436), Cusco (201), Cajamarca (146), Lambayeque (120) y Puno (108). Mientras que los departamentos con menor número de sancionados son Ica (11), Callao (17), Moquegua (26) y Loreto (37).

El 97% de los sancionados administrativamente a nivel nacional fueron inhabilitados para ejercer la función pública (de 1 a 5 años), lo que conlleva a su desvinculación laboral con el Estado. Mientras que el 3% fueron suspendidos temporalmente (de 30 a 360 días).

Entre las infracciones administrativas más frecuentes figuran:

• Actuar parcializadamente, en contra de los intereses del Estado, en los contratos, licitaciones, concurso de precios, subastas, licencias, autorizaciones o cualquier otra operación o procedimiento en que participe con ocasión de su cargo, función o comisión, dando lugar a un beneficio ilegal, sea propio o de tercero.

• Incumplir las disposiciones legales que regulan expresamente su actuación funcional, generando grave perjuicio al Estado.

• Incumplir, negarse o demorar de manera injustificada e intencional, el ejercicio de las funciones a su cargo, en los procedimientos en los que participa con ocasión de su función o cargo.

Sanciones están vigentes

La Contraloría General explicó que al 30 de abril, existen 2,398 sanciones vigentes que comprenden a 2,137 funcionarios y servidores públicos que están suspendidos o inhabilitados para trabajar en el Estado. Algunos de estos funcionarios cuentan con dos a más sanciones vigentes.

Las sanciones vigentes han sido comunicadas a los titulares de las entidades públicas del país a fin de que ejecuten de manera inmediata las resoluciones emitidas como resultado del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) contra los funcionarios que incurrieron en inconducta funcional.

Como parte de la nueva política de transparencia y acceso a la información, se ha publicado en el portal institucional www.contraloria.gob.pe, el listado de funcionarios y servidores públicos con sanción vigente. Dicho listado también figura en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles de la Autoridad del Servicio Civil (SERVIR).

Más de 15 mil funcionarios

Actualmente, existen Procesos Administrativos Sancionadores (PAS) que involucran a más de 15,600 funcionarios y servidores públicos, los cuales se encuentran paralizados tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que limitó las facultades sancionadoras de la Contraloría General.

El Órgano Superior de Control ha expresado su preocupación por la demora del TC para precisar los alcances de su sentencia, lo que permitirá conocer en qué situación quedarán los procesos administrativos abiertos a funcionarios que han incurrido en posible inconducta funcional.

El TC ha informado que en junio responderá el pedido de aclaración de su sentencia (contenida en el expediente N° 0020-2015-PI/TC publicado el 26 de abril de 2019 en el diario El Peruano).

Como consecuencia de este fallo, cerca de 600 funcionarios y servidores públicos presentaron solicitudes para declarar la nulidad, suspensión y el archivamiento de los procesos PAS que se encontraban consentidos o en trámite, lo que podría incrementar la sensación de impunidad.

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