Contraloría supervisó proceso de entrega de canastas de víveres en 254 municipios del país

Foto: difusión.
Auditores apoyaron a municipios a reportar información de procesos en plataforma virtual de Contraloría. Supervisión continuará en las próximas semanas.

Durante los cuatro días en los que se realizó la labor de control a la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, la Contraloría General de la República supervisó el estado de los procesos de adquisición, almacenamiento y entrega de las canastas de víveres en 254 municipalidades a nivel nacional a favor de las poblaciones vulnerables que son afectadas por el aislamiento social decretado a raíz de la presencia del coronavirus.

Del total de municipalidades

intervenidas,  48 corresponden a

jurisdicciones provinciales, mientras que 206 son distritos de todas las

regiones del Perú, las cuales fueron visitadas por más de 400 auditores que portaban

sus respectivos equipos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud

(Minsa).

Solo en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, los auditores de la Contraloría visitaron un total de 50 municipalidades, entre las cuales figuran las dos municipalidades provinciales y 48 distritales a las cuales se acudió entre los días 03 y 08 de abril.

Al interior del país, la mayor

cantidad de municipalidades intervenidas se registraron en San Martín (36), Puno

(19), Arequipa (16), Lambayeque (15), Ica (13), Cusco (10), Ancash (10),

Amazonas (10),Lima Provincias (7), Apurímac (7), Moquegua (6), Junín (6), Tacna

(5), Ucayali (5), Huancavelica (5), Ayacucho (5), Huánuco (5), Tumbes (4), Piura

(4), La Libertad (4), Loreto (4), Pasco (4), Madre de Dios (2) y Cajamarca (2).

La labor de control a la

Emergencia Sanitaria por el COVID-19 consistió en el desplazamiento del control

en municipalidades provinciales y distritales de las 25 regiones del país, con

la finalidad de acompañar y supervisar que las autoridades dispongan

prioritariamente la adquisición de esta ayuda, el almacenamiento y su distribución

hacia las familias que lo necesitan.

Como se recuerda, más de 1,800

municipalidades que han sido consideradas en este programa de apoyo a poblaciones

vulnerables en todo el país, las cuales recibieron la autorización para que, de

manera excepcional durante el Año Fiscal 2020, puedan efectuar la adquisición y

distribución de canastas con víveres de primera necesidad con un presupuesto de

S/ 213,650,000.

Cabe señalar que durante la

próxima semana y las siguientes, los equipos de auditores de la Contraloría

continuarán supervisando las municipalidades en diversas ciudades del país.

Hechos

detectados

El acompañamiento realizado por los auditores de la Contraloría permitió detectar diversas deficiencias que fueron comunicadas a las autoridades ediles con el fin de que adopten las medidas correctivas inmediatas necesarias para darle mayor transparencia a la compra y adquisición de canastas de víveres.

Los hechos detectados están

asociados principalmente a la demora en los procesos para adquirir los víveres,

lo que se reflejó en un total de 85 municipalidades que representan el 35% del

total de entidades ediles supervisadas. En este grupo se encuentran las municipalidades

que demoraron en la convocatoria de procesos, demora en la elección del

proveedor e incumplimientos de proveedores en la entrega de productos.

La supervisión de la Contraloría

también permitió detectar que 22 municipalidades (9% del total) registraron

deficiencias en la distribución de canastas, tales como la falta de padrones de

beneficiarios, padrones desactualizados, ausencia de actas de entrega, entre

otros.

También se detectaron que 14

municipalidades (6% del total) tienen deficiencias en la fase de

almacenamiento, debido principalmente al uso de locales inadecuados para

almacenar los víveres antes de ser distribuidos.

En menor medida pero no menos

importante son los casos de sobrevaloración de precios de víveres adquiridos y productos

que no garantizan inocuidad y ausencia de funcionarios responsables al momento

de la visita, lo cual será establecido en los respectivos informes de control que

se publicarán progresivamente en la página web de la Contraloría.

Mientras que el 50% (125) de

municipios se encontraban, al momento de la visita de los auditores, en la fase

de implementación de los procesos de adquisición de víveres y la distribución

de canastas a las familias vulnerables beneficiarias, siguiendo lo establecido

en el Decreto de Urgencia N° 033-2020.

La labor de los auditores, entre

otros aspectos, también consistió en recordar a las autoridades ediles y

funcionarios a cargo de los procesos de adquisición y distribución de canastas

el cumplimiento de los lineamientos establecidos Contraloría, los cuales son de

conocimiento público.

De acuerdo a las recomendaciones

emitidas, los municipios deben garantizar la consistencia y coherencia entre

las adquisiciones realizadas y el volumen de productos entregados a las

familias beneficiarias. Del

mismo modo, todos los recursos públicos asignados a los Gobiernos Locales

deberán estar orientados a la contratación de bienes que coadyuven con esta

finalidad y no serán destinados a difundir propaganda o publicidad orientada a

persuadir a la población para favorecer a autoridades u organización política

en particular.

Asimismo, los auditores de la

Contraloría están apoyando a las autoridades ediles a ingresar la información

de sus actividades en la “Plataforma para la Transparencia de la Gestión

Pública en la Emergencia Sanitaria COVID-19” que implementó el máximo ente del

Sistema Nacional de Control. En las visitas del Mega Operativo de Emergencia

Sanitaria 2020 se pudo comprobar que muchas entidades municipales no cumplieron

con este requisito establecido.

Dicha plataforma permite que las

municipalidades registren en línea el proceso de contratación, la ejecución del

contrato y la  entrega de las Canastas

Básicas Familiares para poblaciones vulnerables, contribuyendo a que dicha

acción se conduzca de manera eficiente y se garantice y oportuno uso de fondos

públicos.