lunes. 18.03.2024
Foto: PCM
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Ayer por la mañana cerca de cinco toneladas de alimentos y medicinas ingresaron a Puerto Maldonado, según informó la Presidencia del Consejo de Ministros. El premier de Dina Boluarte, Alberto Otárola, encabezó la comitiva, la misma que aseguró la atención de pacientes de hospitales y beneficiarios de centros de acogida residencial.

“Hemos impulsado un puente aéreo hacia esta zona que está tomada por un pequeño grupo de violentistas en la carretera Interoceánica. Vamos a tomar las medidas para asegurar el abastecimiento de Puerto Maldonado”, dijo después el funcionario a un medio de alcance nacional.

Además, dijo haberse reunido con autoridades regionales y, en ese sentido, acordar “la conclusión inmediata del hospital de Iberia, porque la atención en la salud es deficiente en esta zona, así como la continuación del hospital de Santa Rosa”.

Pero aparte de confirmar la llegada de las toneladas de alimentos y medicinas y la ayuda a más de 100 centros de acogida residencial, Otárola anunció que los esfuerzos se deben de concentrar en recuperar las vías de la carretera Interoceánica Sur.

En ese sentido, anunció, “hemos tenido reuniones con la Policía y las fuerzas militares y los próximas horas o días vamos a tener una planificación para asegurar el libre tránsito aquí”. “El problema no es la población de Madre de Dios, ya que el 99.9 % se siente secuestrada por un grupo de violentistas”, declaró.

A ello agregó que arribarán a territorio amazónico otros ministros, como el de Energía y Minas, para revisar “toda la legislación contra la minería ilegal, que no ha servido para controlarla, sino, más bien, ha soliviantado la relación entre el Estado y los mineros”.

 

Recuperar las vías

A través de un comunicado oficial, las carteras de Defensa y del Interior anunciaron que “efectuarán el desbloqueo de las carreteras de la Red Vial Nacional, que se encuentran declaradas en estado de emergencia”, entre ellas, la Interoceánica Sur, que compromete a Madre de Dios.

Los ministerios, objetos de crítica por los métodos de control del orden interno, invocaron a quienes tomaron las vías “a desistir de ello y permitir el desbloqueo pacífico, evitando enfrentamientos con las fuerzas del orden”.

La decisión también tomó como justificación la muerte de diez peruanos que, a criterio de los despachos ministeriales, tuvieron sus causas en la interrupción del tránsito.

Además, apelaron al Código Penal, que “tipifica como delito de extorsión a quienes con violencia o amenazan toman locales, obstaculizan vías de comunicación, impiden el libre tránsito o perturban el normal funcionamiento de servicios públicos”.

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