El fiscal provincial Carlos Chirre Ramírez, integrante de la Quinta Fiscalía Especializada en Material Ambiental de Madre de Dios, informó que el Plan Restauración, que es el conjunto de operativos de intervención en zonas de minería ilegal desde el año pasado, se ha extendido a varios otros distritos de Cusco y Puno.
En nuestra región, Chirre precisó que hay interdicciones en zonas como las de La Pampa o las reportadas recientemente en “San Bernardo – Aguas Negras", cerca de la carretera Interoceánica, tramo Puerto Maldonado – Mazuco, en donde la Unidad Desconcentrada de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú constató la existencia de actividad minera ilegal en pozas artificiales en zona de aguajales y procedió a destruir motores y otras herramientas valorizadas en S/ 2 millones 200 mil 30.
El fiscal Carlos Chirre comentó que el Plan Restauración viene avanzando, pese a las limitaciones de la pandemia de la covid-19, siendo, precisamente, la zona de La Pampa y la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata las prioridades para la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.
La autoridad explicó, sin embargo, que pese a que focalizan sus esfuerzos en determinados lugares con mayor actividad de minería ilegal y cuentan con el apoyo policial y del Ejército, el acceso a estos se vuelve dificultoso en muchas ocasiones.
Respecto al último operativo en “San Bernardo – Aguas Negras”, el fiscal detalló que fueron dos fiscales adjuntos de su despacho los encargados de encabezar todo, adviritiendo que esta ya es la segunda vez que realizan la interdicción en este lugar, declarándose como una zona libre, pues no existe ningún tipo de concesión en la zona.
“El 2022 van a continuar las interdicciones en zonas de amortiguamiento, en zonas espacio libre y en zonas en las que la autoridad nacional del agua ha identificado como bajas marginales y quebradas”, aseguró el fiscal Carlos Chirre, quien también advirtió que la explotación ilegal ha destruido zonas por completo y, pese a su prohibición, ha estado presente en los cauces de algunas quebradas o en zonas de amortiguamiento como de la Reserva Nacional de Tambopata.
Por otro lado, Carlos Chirre recalcó que la participación del Ejército tiene como fin brindar seguridad al operativo y resguardar al equipo de agentes policiales, quienes se encargan exclusivamente de destruir la maquinaria y todos los instrumentos que encuentren en la zona de minería ilegal, contando con el personal especializado para ello, así como con determinada logística.
En este tipo de operativos, cabe recalcar que también intervienen el DICOMIN y parte de la DINOES, quienes también velan por la seguridad de los participantes.
Por último, el fiscal especializado en materia ambiental advirtió que existen dificultades para llegar a los lugares que son objeto de interdicción y para trasladar toda la maquinaria encontrada a Puerto Maldonado, pues muchas veces las localidades que se sustentan económicamente con la minería ilegal obstaculizan el tránsito del equipo de fiscales y policías.
