La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, luego de dos operativos del plan Restauración 2023, sustentó sus pedidos de prisión preventiva en contra de un total de nueve mineros ilegales, quienes fueron intervenidos en la zona de La Pampa, con ayuda de la Policía Nacional y del Ejército Peruano. El Poder Judicial no tardó en declarar fundados los pedidos y enviar temporalmente a la cárcel a los imputados, mientras culminan las investigaciones.
La última audiencia judicial fue ayer, desde las 5 de la tarde hasta altas horas de la noche. El Ministerio Público, después de que el 14 de octubre ingresara a La Pampa para desarrollar un operativo contra la minería ilegal, ordenó la detención de Víctor Velásquez Chapiama, Santos Sabino Vargas Mendoza, Wilson Vargas Vera, Raúl Pfoccori Valle, Yoel Apaza Vergara y Olga Chayña Mamani, por encontrarse en flagrancia delictiva.
Luego de que fueron encontrados dentro de la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, en una poza de agua turbia y encima de balsas tracas compuesta por motores y demás equipos de minería, los seis imputados recibieron esta medida de parte del Poder Judicial. Entretanto, se destruyeron varios bienes encontrados en la zona de intervención, como balsas tracas, tubos PVC, baterías o galones de petróleo.
Días antes, el 3 de octubre, el mismo equipo fiscal tenía en sus manos un caso similar, tras un operativo realizado por la Policía y con apoyo del Ejército sobre la zona de La Pampa. Aquella vez, fueron detenidos Bardales Puma Abad, Velásquez Mamani Juan y Martínez Salcedo Nicolás. Asimismo, se ejecutó una interdicción contra varios bienes, como un motor Deutz, una bomba de succión y galones de combustible. El Poder Judicial, para este grupo de intervenidos, tomó la misma decisión: una prisión preventiva de nueve meses mientras se culminan las investigaciones.
