La profesora Ruth Zavaleta, reconocida por liderar la Dirección de Gestión Pedagógica a nivel regional, denunció públicamente la reincorporación de un funcionario que en el 2021 recibió del Poder Judicial la ratificación de una condena de cárcel suspendida por tres años. El Gobierno Regional, según la funcionaria, permitió durante mucho tiempo que el sentenciado trabaje en la institución, pese a la orden judicial; y, tras cumplirse el plazo de su pena, hoy piensa reincorporarlo nada menos que con un puesto directivo.
El aludido es el profesor César Mejía, quien cargó con una orden de prisión suspendida de 3 años y que, hoy por hoy, ya venció su plazo. Sin embargo, desde el Gobierno Regional no se emitió ninguna resolución sancionando a Mejía sino hasta el 22 de diciembre del 2022, cuando solo quedaban seis meses de cumplimiento de su misma sentencia.
La profesora Ruth Zavaleta aseguró haber recibido la noticia de mala forma, pues atendió al susodicho en su propio despacho bajo la exigencia de entregar su cargo y sin ninguna resolución de designación de por medio.
“Gracias a un informe del Defensor del Pueblo se puso de conocimiento a la Dirección Regional de Educación recién en octubre del 2022, pero fue de su cargo por seis meses, cuando debió durarle un año o más”, detalló Zavaleta.
La funcionaria lamentó, al margen de lo que dicta la Constitución y el Código Penal, que el exservidor sentenciado César Mejía haya trasgredido el código de ética de la función pública al haber omitido la información sobre su sentencia mientras continuaba trabajando, de acuerdo a su testimonio.
Zavaleta también mostró su indignación por la posibilidad de que Mejía integre alguna comisión de procesos administrativos, pese a que para conformar estos no se debe tener sanciones administrativas ni sentencias.
“Para asumir la dirección se debe tener conocimientos y se debe cumplir la norma”, determinó Zavaleta, entre otros aspectos.
