En comunicación con Radio Madre de Dios, la coordinadora de la plataforma de lucha de la Defensoría Pública del Ministerio de Justicia, la abogada Lizi Fernández, anunció que desde ayer sus colegas de Madre de Dios y de diferentes regiones del país acatan una huelga indefinida por los bajos salarios y la discriminación que enfrentan en su propio centro de labores.
“Hay servidores que por el mismo trabajo cobran más en sus haberes, y ante esta discriminación salarial y la falta de voluntad de los directivos para dar algún tipo de solución, es que nosotros decidimos hacer una huelga nacional indefinida”, acotó Fernández.
La coordinadora explicó que en reiteradas oportunidades la Defensoría Pública intenta que sus trabajadores sobrepasen las 8 horas laborales que estipula la Constitución y las normas laborales vigentes.
“Se nos ha establecido turnos permanentes y, si bien en la sede puede haber abogados penalistas, tenemos compañeros en la periferia, como Mazuko, Iberia o Iñapari, que tienen turnos permanentes, no tienen libres ni sábados ni domingos, y hasta la fecha incluso se nos conmina a firmar documentos para apoyar esos turnos”, reveló, entre otros hechos.
“A la fecha seguimos siendo CAS”, dijo también Fernández, quien lamenta que hasta la fecha no gocen de ningún beneficio social por su trabajo.
“Es lamentable ver que los defensores tratamos de brindar servicios, pero no tengamos ningún beneficio social. No tenemos un régimen laboral establecido. Por eso lamentamos llegar a este tipo de medidas para tener que ser escuchados”, afirmó la abogada.
En ese sentido, Fernández también solicitó el apoyo de sus colegas abogados en el Colegio de Abogados de Madre de Dios, así como de la Corte Superior de Justicia.
“Son operadores de justicia, van a ver las falencias y cómo se merman sus propias instituciones”, señaló.
“Se han instalado mesas de diálogo con la Defensoría Pública, se han levantado actas, pero no se nos ha establecido fechas concretas para las soluciones”, lamentó Fernández.
Asimismo, recordó que Madre de Dios padece un déficit de defensores penales, lo cual genera una sobrecarga laboral para sus integrantes. “Antes había 11 y ahora somos 8. Manejamos una carga que hace que no atendamos a nuestro trabajo como queremos”, refirió.
