Representantes de 13 consejos regionales del país se hicieron presentes en Puerto Maldonado para celebrar el Cuarto Encuentro Nacional de Consejeros Regionales. El objetivo es plantear abiertamente un proyecto de ley para manejar su propio presupuesto y la facultad de interpelar y censurar a gerentes y directores del cuerpo ejecutivo.
El presidente del gremio, Jorge Hancco Mamani, a su vez consejero regional de Arequipa, confirmó la asistencia de 13 representantes regionales e indicó que se están priorizando los temas de control político —a través de una interpelación contra los funcionarios de los gobiernos regionales— y la autonomía presupuestaria de los consejos.
“Es una satisfacción estar en Madre de Dios, además, por la activa participación que ha tenido la consejera Carin (Quiroz Miranda), quien es integrante de la directiva, que nos ha posibilitado institucionalizar la Asamblea Nacional de Presidentes de los Consejos Regionales del Perú, permitiendo motivar y transparentar iniciativas que hoy están convirtiéndose en ley”, manifestó Hancco.
La consejera Carin Quiroz Miranda aseguró que se pretende mejorar la calidad de su trabajo como fiscalizadores. “Ser consejero regional sin presupuesto no es fácil. Así que nos hemos unido a nivel nacional para obtener algunos objetivos, como la autonomía presupuestal, ya que no podemos estar dependiendo del Ejecutivo ni mendigando para hacer nuestro trabajo”, declaró.
Por otro lado, mencionó la importancia de proponer el uso de la interpelación y censura contra los gerentes o directores del Gobierno Regional, ya que cuando se les convoca a dar explicaciones al Consejo Regional, muchas veces no contestan. “Nosotros no tenemos la capacidad para sancionarlos; la labor del consejero debe ser más eficaz”, enfatizó.
El presidente del Consejo Regional de Cusco, Gerardo Arenas Monje, reafirmó que se evalúa, entre ayer y hoy, el avance de estas propuestas legislativas para tener la facultad de interpelar a los “funcionarios desobedientes” y para “no ser controlados económicamente por el Ejecutivo”, abriéndose también la posibilidad de contratar asesores legales o técnicos en sus despachos.
