Negligencia y decisiones de instituciones del Estado llevaron a la muerte a Patricia Dávila

El 27 de diciembre del 2018, la oficina del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) en Puerto Maldonado recibió la visita, enviada por la Beneficencia Pública de Madre de Dios, de una de las vecinas de Gladys Patricia Dávila Huamán, quien vivía en condiciones deplorables bajo el cuidado de su padre.

Ese día, junto a miembros de la Comisaría de Familia de Tambopata, los representantes del MIMP acudieron al domicilio donde se encontraba Dávila Huamán, ubicado en el Jr. Moquegua, en Puerto Maldonado.

Al ingresar al lugar, hallaron a la víctima viviendo en condiciones insalubres y sin los cuidados necesarios para sobrellevar la avanzada artritis rematoidea que sufría.

De acuerdo a la coordinadora regional del MIMP en Madre de Dios, Virginia Rojas, quien ofreció una conferencia de prensa, la tarde de ayer, para aclarar el trabajo llevado a cabo por su institución, una vez que hallaron a la víctima en su domicilio se procedió a trasladarla al Instituto de Medicina Legal de la Fiscalía.

Durante el proceso de ubicación y posterior traslado no estuvo el fiscal de la 1ra Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tambopata, Víctor Pocho López, que llegaría por la noche para la declaración policial. A este mismo fiscal el abogado de Atención Urgente del MIMP le solicitó que la víctima no sea devuelta a su vivienda, por su vulnerable condición, pero finalmente se decidió que retorne.

“El

fiscal de turno estaba presente cuando se le tomó la declaración policial. Él

sabía  el grado de vulnerabilidad y el

riesgo que corría la señora si regresaba a la vivienda”, apunta Rojas sobre la

decisión del representante del Ministerio Público.

En

esa misma diligencia se denunció a Willian Dávila Vargas, padre de la víctima,

por violencia familiar en la modalidad de Maltrato físico y psicológico.

Posteriormente, el 4  de febrero se llevó a cabo la audiencia oral en el Juzgado de Familia, por la referida denuncia, a cargo del juez Juan Huamán Afán, quien dictó una serie de medidas que protegerían a Patricia Dávila.

Previamente

se dio lectura a la evaluación realizada a la víctima: “la usuaria evidencia

indicadores de afectación psicológica, emocional, cognitiva conductual con

expresiones de mucho temor por el deterioro de su estado de salud. Comenta que

entra en llanto durante el día, en los periodos que se encuentra sola,

desamparo, mucha tristeza, sentimiento de desprotección, impotencia, apetito y

sueño disminuido".

En tal sentido, el juez ordenó que se enviara un psicólogo del Equipo Multidisciplinario del Poder Judicial (PJ) a la vivienda de Patricia Dávila, quien no podía trasladarse por la artritis rematoidea que la aquejaba; que representantes del Hospital Santa Rosa evaluaran su estado de salud. Además, la asistente social del PJ tendría que realizar visitas inopinadas al domicilio, así como el monitoreo de este caso por parte de la Comisaría de Familia de Tambopata.

Una vez concluida la observación

médica del PJ y del Hospital Santa Rosa, la Fiscalía de Familia debía de ubicar

a la víctima en un centro de salud u hospital especializado para la atención.

Lamentablemente,

todas estas medidas no fueron notificadas a las partes involucradas, incluyendo

al denunciado que no se presentó a la lectura de la sentencia y quien, en la

misma, se le ordenó darle una pensión de 300 soles mensuales a su hija y dejar

de agredirla física y psicologicamente.

“El Juzgado de familia no ha hecho las notificaciones pertinentes. Se dictaron muy buenas medidas de protección, pero no se ejecutaron porque no se notificó a las partes”, señala Virginia Rojas.

Como parte del seguimiento que realizan a cada caso, representantes del MIMP visitaron el 15 de febrero la vivienda de Patricia Dávila. Sin embargo, no hubo nadie que les atendiera. Tocaron las puertas de las casas vecinas y no recibieron respuesta. Tampoco se consiguió que una de las informantes contestara las llamadas.

“Lamentablemente ha habido un error que directamente apunta hacia la responsable del Juzgado de Familia que tenía que notificar las órdenes del juez para su cumplimiento. Entendemos que esta profesional ya no trabaja ahí. Eso habrá que investigar”, concluye Rojas.

Acta de registro de audiencia oral de medidas de protección

Testigos del sufrimiento de Patricia

“Mi papá me riñe, me pega porque mira lo que me estás dando (…) Esas personas son malas. El domingo me han cortado mi espalda, todas esas heridas me han hecho daño. Tengo cortes. La mujer quiere que me muera. Por eso estoy sufriendo, amiguita. En verdad estoy sufriendo, amiguita. Tengo heridas en la nalga y me duele, amiguita”, con una voz tenúe y temblorosa Patricia Dávila describió a una de sus vecinas el padecimiento que vivía bajo el cuidado de su padre.

La persona a quien se dirigía Patricia y alcanzó grabar su sufrimiento, fue una de sus vecinas, que por seguridad evitó dar su nombre, y quien fue testigo de cómo Willian Dávila agredía a su hija. “Yo he padecido de verle muchismo tiempo, más de tres meses que su papá la maltrataba, le decia que le queria ver muerta, la agredia emocional y fisicamente”, recuerda.

La

desazón ante los que debieron actuar cuando hicieron la denuncia a finales del

año pasado es permanente, aun así esta vecina espera justicia por la muerte de ‘Paty’,

con quien conversó un día antes de su muerte.

“Ella

falleció el domingo, yo con ella hablé el sábado. Me dijo que su papá le metía

la mano (en sus heridas). Ella tenía llagas y con su dedo (Willian Dávila) le

metía o lo cortaba con cuchillo.”

Patricia

no podía caminar, dependía de sus familiares para movilizarse y alimentarse. En

ocasiones sus vecinos le daban galletas o alguna bebida. Pero, cada vez que Willian

Dávila se enteraba que habían alimentado a su hija, insultaba a sus vecinos.

En

una ocasión les reclamó diciendoles “Por qué le damos (de comer) a una chica

que, ¿Ya para qué vive?”.

Patricia

Gladys Dávila Huamán falleció a los 44 años de edad. Sufría de artritis

rematoidea y estaba al cuidado de su padre, madrastra y otros familiares. Fue

encontrada muerta, producto de un shock séptico, sobre una silla de plástico

-la misma que le servía para dormir- y recostada en una vieja maleta, donde

personal policial la encontró sucia y sin ropa interior, el último domingo.

El

cuerpo de Patricia es velado, gracias a un grupo de vecinas y amigas, frente a

la misma casa donde no debió volver cuando fue rescatada el 27 de diciembre. “Hemos

hecho lo imposible para recuperar su cuerpo y lo estamos velando. Está recibiendo

un velatorio digno y va a recibir una sepultura para que pueda descansar en paz”,

comenta una de las vecinas que se encargan de velar el cuerpo de Patricia.

Sin embargo, frente al velatorio se encuentra el sujeto sindicado como el responsable de su muerte. Willian Dávila fue puesto en libertad, gracias al beneficio de terminación anticipada que le otorgó tres años y nueve meses de prisión suspendida, y un pago de 5 mil soles por reparación civil.

La sentencia no fue apelada, pues tuvo la venia de la fiscal Teresa Corimanya Calsin, de la Segunda fiscalía penal Corporativa de Tambopata, quien estuvo conforme, ya que el cuestionado padre no presentaba antecedentes.

“No sé qué cosa ha pasado, pero ese señor debería estar en la cárcel porque él la ha matado lentamente”, señala una mortificada vecina de Patricia.

Declaraciones de la fiscal Teresa Corimanya.