2016: Fiscalías en materia ambiental realizaron más de 500 operativos contra minería y tala ilegal

Foto referencial: Rumbo Minero
Operativos ejecutados el año pasado lograron destruir casi 400 campamentos mineros, 82 embarcaciones fluviales artesanales e insumos utilizados en minería ilegal.

Las fiscalías especializadas en materia ambiental realizaron durante el año pasado 154 operativos ordinarios y 17 extraordinarios contra la minería ilegal en todo el país. En estos últimos se lograron incautar cuatro cargadores frontales, igual número de volquetes, dos retroexcavadoras, 20 motores, tres tolvas y siete motos lineales.

Además, se destruyeron 399 campos mineros, 82 embarcaciones fluviales artesanales, 95 pozas de sedimentación, efluentes, cianuración y lixiviación; así como también maquinas, motores, chutes, tolvas y 9,890 galones de petróleo y gasolina.

Flor de María Vega Zapata, fiscal superior y coordinadora nacional de las fiscalías especializadas en materia ambiental, afirmó que además se realizaron 335 operativos de interdicción contra las actividades de tala ilegal, destruyendo maquinarias, enseres, equipos y otros.

Entre los operativos desarrollados contra la minería y la tala ilegales, estas fiscalías especializadas ejecutaron un total de 506 operativos que permitieron una lucha frontal contra estos delitos que hacen un grave daño a nuestro medio ambiente.

Vega Zapata detalló que actualmente se cuenta con 39 fiscalías especializadas en materia ambiental y 14 fiscalías de prevención del delito con competencia en materia ambiental. Asimismo, una Fiscalía Penal Corporativa y cinco Fiscalías Mixtas en el distrito fiscal de Tacna, con competencia en materia ambiental, y dos Fiscalías Penales Corporativas en La Convención, región Cusco, totalizando 61 fiscalías que investigan delitos ambientales distribuidas en todo el país.

Las fiscalías especializadas en materia ambiental fueron creadas en 2008, con el fin de hacer frente al incremento de las acciones delictivas que afectan y contaminan el ambiente, y depredan nuestros bosques, hecho que contribuye al efecto negativo del cambio climático en el Perú y el planeta.

La coordinadora Nacional de las FEMA informó que se obtuvieron 13 sentencias condenatorias por diversos delitos ambientales en 2016, entre las que destacan la que se impuso en el Distrito Fiscal de Amazonas-sede Bagua, por la comisión del delito contra los bosques y formaciones boscosas, condenándose al autor a cinco años de prisión efectiva y al pago de 48,000 soles por concepto de reparación civil.

Destacó, asimismo, la sentencia impuesta a Francisco Ccama Layme (ex congresista de la República) y su coprocesado, Merce Ángel Quispe Masco (consejero regional del Gobierno Regional de Puno), quienes fueron sentenciados por el delito de alteración del ambiente y paisaje, imponiéndoseles dos años y seis meses de pena privativa de la libertad suspendida y fijando en 500,000 soles el monto por reparación civil.

Asimismo, las FEMA, en la aplicación de casos por flagrancia, lograron 22 sentencias condenatorias bajo la modalidad de terminación anticipada, lográndose, por ejemplo, que en el Distrito Fiscal de Arequipa una procesada fuera condenada a cuatro años y ocho meses de prisión efectiva, como autora del delito de extracción ilegal de especies acuáticas, imponiéndosele también el pago de 20,000 soles por concepto de reparación civil.

Otro aspecto importante logrado durante el 2016 fue la donación de los equipos necesarios para la implementación de la Unidad Georeferencial de Loreto-Iquitos, a través de Usaid-USFS/Peru Forest Sector Initiative, inaugurada el 14 de diciembre del 2016.

Igualmente se logró la donación de los equipos necesarios para la implementación de la Unidad Georeferencial de Madre de Dios, a través de la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA), cuya inauguración se planea para enero de 2017.

Todas estas donaciones se lograron gracias a las gestiones realizadas por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, quien aseveró que se trabaja en la donación de dos drones y de un helicóptero para reforzar la luchas contra los delitos ambientales. En este último caso, dijo, se evalúa cómo se financiará el combustible, el mantenimiento y la custodia del mismo.

Información: Agencias Andina