En el marco de la jornada de Despacho Contralor en la región La Libertad, y ante el anuncio del Poder Ejecutivo de crear un organismo que supervise la ejecución del gasto público a nivel del Gobierno Nacional, Regional y Local, el contralor general, Nelson Shack, mostró su preocupación por dicha iniciativa, ya que ello significará duplicar funciones, más burocracia y debilitar todos los esfuerzos realizados en la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional por parte de diversos organismos autónomos y competentes en la materia.
“Nos ha sorprendido mucho esta propuesta y creo que el señor presidente de la República no ha sido informado apropiadamente respecto a esta iniciativa de crear un nuevo organismo que supervise a ejecución de los gastos en el gobierno nacional, regional y local”, comentó.
Cabe señalar que la Constitución Política del Perú establece que es atribución de la Contraloría el supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, así como controlar y supervisar a los gobiernos regionales y locales en forma descentralizada y permanente.
Si bien precisó que se tiene poca información de la propuesta del Ejecutivo, crear una entidad paralela resultaría un “serio despropósito”. Por ello, la Contraloría enviará una comunicación formal y solicitará una reunión con el Jefe de Estado para obtener más información y pronunciarse sobre esta propuesta, adelantó Shack Yalta.
En ese sentido, mencionó que la creación de este nuevo organismo implicará más burocracia y sobre todo va a generar una confusión en la ciudadanía.
“Este anuncio muestra la preocupación del Jefe de Estado respecto a los problemas en las obras, tales como obras paralizadas, problemas con los supervisores y residentes de obra, hay problemas con los expedientes técnicos, pero crear un organismo nuevo no es parte de la solución”, advirtió.
En ese sentido, remarcó que el Ejecutivo debe impulsar el fortalecimiento de los organismos institucionalmente existentes vinculados al control como son el Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General del Estado, para lograr una mayor eficacia en sus intervenciones de manera conjunta y simultánea.
Además, recordó que la lucha contra la corrupción es una labor que no solo involucra a la Contraloría General de la República, sino que también al propio Poder Ejecutivo y la sociedad civil. “Se debe trabajar en nuevos marcos normativos que permitan ajustar los vacíos legales por donde se escabullen los casos de corrupción e inconducta funcional”, subrayó.
