La
Contraloría General identificó un perjuicio económico al Estado por cerca de S/
38 millones como consecuencia de irregularidades en la suscripción de una
adenda y la ejecución de obras de la autopista Puno-Juliaca (de 50 km y con una
inversión de S/ 295,16 millones), que forma parte del tramo 5 del Corredor Vial
Interoceánico Sur (854 Km) que une Matarani (Arequipa), Ilo (Moquegua) y
Azángaro (Puno).
Ese
fue el resultado de la Auditoría de Cumplimiento (periodo 1 de enero 2013 al 30
de abril 2018) al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y al
Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso
Público (Ositran) que concluyó con tres observaciones.
En
este sentido el contralor regional de Madre de Dios, José Chilet Manco, indicó
que el control posterior ejecutado determinó la presunta responsabilidad penal
y administrativa de trece (13) funcionarios públicos que se desempeñaban en el
MTC (el concedente) y su unidad ejecutora Provías Nacional, que no cautelaron
adecuadamente los intereses del Estado.
La
auditoría determinó que el MTC y la concesionaria del tramo 5 suscribieron la
adenda n.° 3 e iniciaron la ejecución de una segunda calzada (paralela a la
calzada o pista existente), incumpliendo la normativa de evaluación de impacto
ambiental, la normativa de Asociaciones Público Privadas y el propio Contrato
de Concesión.
Dicha
adenda se suscribió y ejecutó pese a que el estudio de ingeniería (EDI) fue
aprobado sin contar con la Certificación Ambiental correspondiente para
prevenir impactos negativos en el medio ambiente y daños a restos arqueológicos
en la zona (Se corroboró que el trazo de la autopista afectaba un camino
prehispánico).
A
través de la mencionada adenda, el concedente también asumió el compromiso de entregar
los predios necesarios para el inicio de la obra, sin contar con la
disponibilidad de los mismos, al no haber realizado oportunamente el
saneamiento físico legal respectivo.
Asimismo,
el MTC y la concesionaria suscribieron un acta de acuerdo temporal para iniciar
trabajos preliminares de la segunda calzada, antes que se haya suscrito la
adenda, asumiendo obligaciones y compromisos no previstos en el contrato de
concesión.
Estos
hechos, además de haber incumplido con la normativa vigente, ocasionaron que
hasta la fecha no se haya concluido la segunda calzada (cuyas obras recién se
iniciaron en el año 2016 y debió culminar dos años después), y que se haya
generado un sobrecosto y perjuicio económico por S/ 2 millones 508 mil por
mayor reajuste de precios derivado de la demora en la ejecución de las obras
(por la entrega de terrenos).
Una
segunda observación es que el MTC aprobó el costo directo del presupuesto de la
obra de la autopista Puno – Juliaca en dólares, cuando en aplicación de los
términos de referencia el presupuesto debía ser en moneda nacional. Asimismo,
en dicho presupuesto se aprobó partidas sin sustento técnico alguno y con
mayores costos. Todos estos hechos ocasionaron mayores pagos que constituyen un
perjuicio económico al Estado por más de S/ 34 millones.
Manco indicó que la tercera y última observación es que el MTC aceptó y aprobó el EDI de la segunda calzada, sin advertir deficiencias en el diseño geométrico de algunos elementos esenciales de la vía que no cumplen con la norma DG-2001 (Manual de Diseño Geométrico de Carreteras) afectando los niveles de servicio, lo cual a su vez, generó un sobrecosto y perjuicio por US$ 377 mil 508 (equivalente a más de S/ 1 millón 291 mil).
Finalmente,
el contralor indicó que el informe ha sido notificado a los titulares del MTC y
Ositrán, el 8 y 11 de marzo de este año, respectivamente. Asimismo, a la
Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría
General, y al Órgano Instructor competente, para que se inicien las acciones
legales y administrativas correspondientes contra los funcionarios y servidores
involucrados.
