Contraloría: Es necesario garantizar la continuidad resultados de programas de reactivación económica
Tras la declaratoria de emergencia sanitaria por COVID-19 en el Perú, muchos negocios y empresas se han visto seriamente afectados, por lo que el Gobierno tomó medidas y decisiones comprometiendo los fondos públicos con el fin de atender y reducir el impacto económico en nuestro país. En esa línea, la Contraloría General, conforme a la Ley 31016, cumple el rol de velar por el buen y correcto uso de los recursos del Estado a través del control simultáneo y, en consecuencia, la implementación de la Estrategia de Control Integral a la Emergencia Sanitaria COVID-19.
Con la publicación del Decreto Legislativo N° 1455, se creó el Programa de Garantía del Gobierno Nacional para la Continuidad en la Cadena de Pagos – “Reactiva Perú” y desde la Contraloría se han efectuado diversos servicios de control a este programa, creado con un presupuesto inicial de S/ 30 000 millones para promover el financiamiento de la reposición de fondos de capital de trabajo a empresas que enfrentan pagos y obligaciones de corto plazo con sus trabajadores y proveedores. Posteriormente, el presupuesto se incrementó a S/ 60 000 millones.
Con esta iniciativa, al mes de junio, en la primera fase de ejecución del programa, más del 50% de los beneficiarios eran micro empresas y casi el 40% eran pequeñas empresas, quienes habrían recibido 3.6% y 23.6% del monto asignado al programa, respectivamente.
En el informe de gestión, que ha publicado recientemente la Contraloría General, a los 100 días de implementada su estrategia de supervisión del uso de fondos públicos, “El control en tiempos de COVID-19”, se evidencia que se han emitido cuatro informes de control que exponen oportunidades de mejora y recomendaciones para garantizar la continuidad y logro de los resultados de los programas de reactivación económica.
Mediante Informe Previo N° 00004-2020-CG/ECOFI, la Contraloría recomendó establecer un sistema de coordinación, supervisión y seguimiento sobre la implementación integral del programa y se advirtió que el riesgo de default crediticio permanece debido a la morosidad y a la capacidad de recuperación de créditos impagos por parte de las Empresas del Sistema Financiero (ESF).
A través de la Orientación de Oficio N° 012-2020-OCI/0001-SOO, se advirtió que el programa no excluye de su alcance a empresas que se acogieron a la suspensión perfecta de labores; que se están incluyendo como beneficiarios a empresas vinculadas a las ESF; y que no se consideraron mecanismos para calcular número y tipo de empresas beneficiarias para la aplicación del programa.
Mientras que en la Orientación de Oficio N° 005-2020-OCI/0014-SOO identificó que en la lista de beneficiarios hay empresas con RUC inválidos; existe la necesidad de implementar controles automatizados a través de la plataforma digital; y no se han definido procesos y competencias para validaciones posteriores de beneficiarios a cargo de la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide).
En el Informe Previo N°0005-2020-CG/ECOFI se recomienda que Cofide verifique el cumplimiento de las labores de las unidades de auditoría interna de cada ESF sobre los créditos otorgados; incorporar restricciones para las empresas que aplican suspensión perfecta y se priorice el préstamo a empresas con mayor riesgo; y que valoren la necesidad de que se priorice el financiamiento a microempresas.
Programa FAE-MYPE
En simultáneo, el Ejecutivo impulsó, mediante el Decreto de Urgencia N° 029-2020, la creación del Fondo de Apoyo Empresarial a la Mype – “FAE-MYPE”, un programa orientado especialmente a las micro y pequeñas empresas afectadas por la emergencia sanitaria por COVID-19, con un fondo inicial de S/ 300 millones que posteriormente se incrementó en S/500 millones. Con esta iniciativa, al mes de junio, más de 128,000 mypes se han beneficiado.
Al respecto, la Contraloría emitió el Informe de Orientación de Oficio N° 006-2020-OCI/0014-SOO a la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) en el que advierte que la ausencia de una herramienta informática, que incluya el desarrollo de controles con diseños adecuados para validar la información de manera previa a efectuar los desembolsos y otorgamiento de las garantías, generaría el riesgo de no realizar un adecuado control y seguimiento de los créditos, además de aprobar operaciones y otorgar coberturas fuera de los límites establecidos o respecto a beneficiarios que incumplan los criterios de elegibilidad; afectando el cumplimiento de los objetivos del programa y reduciendo el impacto esperado en la economía nacional.
Por ello, se advirtió la necesidad de implementar controles automatizados a través de la plataforma informática denominada Sistema FAE-MYPE que permite el registro masivo de las operaciones de las Entidades del Sistema Financiero y las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (COOPAC), así como el control y seguimiento de los créditos.
Ante estas situaciones identificadas por la Contraloría, se recomendó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a Cofide, tomar las medidas y acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos de Reactiva Perú, como es el de dar respuesta al problema de liquidez que enfrenta la micro, pequeña, mediana y gran empresa por la coyuntura actual que atraviesa el país.