Pueblos indígenas optan por gobiernos territoriales autónomos y aguardan ley del Congreso
Van 15 pueblos indígenas que han declarado su autonomía para la gestión de su territorio en Perú y ahora demandan su reconocimiento como entidades jurídicas.Van 15 pueblos indígenas que han declarado su autonomía para la gestión de su territorio en Perú y ahora demandan su reconocimiento como entidades jurídicas.
Por: Yvette Sierra Praeli – Mongabay Latam
“Para nosotros el territorio es sagrado, es nuestra vida, porque un chapra sin territorio no tiene vida, es un chapra muerto”, dice Olivia Bisa, la primera mujer presidenta del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra, al empezar su explicación de lo que significan los gobiernos territoriales autónomos para los pueblos indígenas en Perú.
En su relato para Mongabay Latam, Bisa recuerda cómo fueron los tiempos del caucho y del cuero, cuando personas de otros lugares llegaban hasta los territorios indígenas por sus recursos naturales.
El punto de quiebre llegó con el lote petrolero 64. La dirigente relata que la organización indígena en Loreto estaba debilitada, principalmente porque los territorios habían sido organizados en comunidades, es decir, de manera fragmentada. “En ese momento, nosotros, muy preocupados, empezamos a visionar con nuestros sabios, a conversar qué podíamos hacer”, comenta Bisa.
“Es ahí donde nuestros sabios dijeron: ‘¿Por qué nosotros nos estamos desviando con las ideologías y estrategias occidentales? ¿Por qué no retomamos nuestro control territorial?’ Y es así que nace el gobierno territorial”. Olivia Bisa recuerda que fue así que la Nación Chapra volvió a plantearse la necesidad de la gestión integral de sus territorios.
Un modelo contra la fragmentación
George Cuñachi, coordinador del Programa Territorio de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (Corpi SL), explica que los gobiernos territoriales autónomos son un modelo de organización y de gestión territorial.
“Los pueblos indígenas de la Amazonía peruana nororiental tienen el propósito de unificar o consolidar su desarrollo a través de la unidad como pueblo o nacionalidad, bajo el amparo del Convenio 169 y de la declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas”, afirma.
Cuñachi asegura que con el sistema de gobiernos territoriales autónomos se busca retornar “al modelo habitual” que los pueblos indígenas siempre han tenido “para ejercer la administración y la gobernanza de sus territorio”. Un modelo que fue debilitado con normas emitidas a lo largo de la historia en el Perú.
Una de ellas ha sido la Ley de Comunidades Nativas aprobada en 1978 con Juan Velasco Alvarado. A través de esta norma, el Estado reconoció la existencia legal y la personalidad jurídica de las comunidades nativas. Esta configuración, según varios de los entrevistados por Mongabay Latam, conllevó a la fragmentación del territorio ancestral de los pueblos originarios.
Elaine Shajian, elegida en diciembre de 2024 como la primera presidenta de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (Corpi SL), explica por qué la figura de las comunidades nativas ha dividido a los territorios indígenas.
“Los pueblos indígenas estamos reconocidos como comunidades nativas y los títulos (de propiedad) dejan, a veces, espacios libres”. Cuando se refiere a espacios libres, la lideresa awajún precisa que la división en comunidades deja en manos del Estado partes del territorio que ancestralmente pertenece a los pueblos indígenas.
Un proceso con matices
En Perú, 15 naciones originarias de la Amazonía han establecido sus autonomías o están en proceso de hacerlo. Los primeros pasos surgieron en la Amazonía norte, en los pueblos wampís, awajun, chapra, achuar, kichwa o inka del Pastaza, kandozi, shawi, kukama kukamiria y shiwilo. De ellos, el primero en declarar su autodeterminación fue el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís, en 2015, con Wrays Pérez como líder de este movimiento.
En la Amazonía sur también han decidido por la autodeterminación y la autogestión. Los pueblos harakbut, ese eja, matsigenka y yine están en ese camino, aunque con diferencias en las figuras legales. En la selva central se ha establecido el Consejo Shipibo Konibo Xetebo (Coshicox) y en el noreste, en el límite con Brasil, la Comunidad Nativa Matsés también ha apostado por la autodeterminación.
Aunque la autogobernanza y la autodeterminación en los pueblos indígenas tanto del norte como del sur del país tienen los mismos principios, existe una diferencia en cuanto al reconocimiento bajo la legislación peruana. En el caso de los pueblos del sur, los harakbut, los ese eja, los matsigenka se han constituido legalmente como asociaciones civiles.
Esta decisión les da mayor libertad financiera, afirma Dhaynee Orbegozo, representante de Tenure Facility en Perú, organización que trabaja con los pueblos indígenas y las comunidades locales para promover sus derechos territoriales comunitarios.
Antonio Iviche, facilitador indígena del pueblo harakbut, asegura que el haberse constituido como asociaciones es “una medida transitoria” para ayudar a gestionar fondos ante sus aliados de la cooperación internacional. También pueden firmar convenios con el Estado.
La lideresa indígena de Corpi, Elaine Shajian, explica que los pueblos indígenas, con apoyo de instituciones aliadas, han realizado estudios antropológicos, jurídicos, cartográficos y planes de vida para cada pueblo. “Nosotros conocemos dónde está nuestro lugar de espiritualidad, dónde está la zona de caza, dónde están las plantas medicinales, la zona de pesca, conocemos muy bien todo eso porque el bosque, el territorio, es nuestra casa desde antes de la colonia y antes de la existencia del Estado peruano”, agrega.
El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís cuenta con su propio estatuto compuesto por 91 artículos. Del mismo modo, el Gobierno Territorial Autónomo Awajún presenta en su sitio web su estatuto constitutivo con 120 artículos. La mayoría de los gobiernos territoriales declarados hasta el momento han realizado sus estudios antropológicos, del territorio, de los lugares ancestrales y han elaborado o están en proceso de presentar sus estatutos constitutivos.
En todos los casos, con el impulso del sistema de gobiernos territoriales, los pueblos indígenas buscan gobernar de manera autónoma sus territorios, con respeto a sus saberes y a su identidad cultural.
Una tarea pendiente del Congreso
Eduardo Pichilingue, coordinador en Perú de la Iniciativa Cuencas Sagradas, aclara que al decir territorios integrales se refieren no solo a las comunidades nativas, como lo establece la legislación peruana, sino a todo el territorio que comprende un conjunto de comunidades.
“Están luchando desde hace muchos años por el reconocimiento como nación indígena, como nacionalidad indígena, como pueblo indígena, o como queramos llamarlas, que tiene una cultura y un territorio ancestral, que es un territorio continuo en el que se han desarrollado sus vidas desde muchas generaciones atrás”, explica Pichilingue.
En ese camino, dice el coordinador de Cuencas Sagradas, los pueblos indígenas de la Amazonía norte solicitan su reconocimiento jurídico. “Es un paso que tiene que darlo el Legislativo, en el sentido de crear el marco jurídico que reconozca dentro del Estado peruano a estos pueblos indígenas” con personería jurídica, es decir, con derechos y obligaciones, y que además puedan ejercer su autonomía, autogobierno y proteger sus tierras y cultura de manera legal. “En otros países ya se reconocen territorios integrales”, subraya Pichilingue.
Por el momento, la decisión de los pueblos que han adoptado su autogobierno y su autodeterminación se sustenta en convenios internacionales firmados por Perú, como el Convenio 169, en el que se especifica que “los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales”.
Aunque actualmente no existe ningún proyecto de ley en el Congreso para el reconocimiento jurídico integral de los pueblos indígenas, en el pasado sí hubo intentos, pero fueron archivados. En noviembre de 2020, el Frente Amplio presentó un proyecto que buscaba reconocer “la existencia legal y el derecho intrínseco a la personalidad jurídica de los pueblos” y promover “el ejercicio pleno de sus derechos colectivos”.
El nuevo y actual Congreso, a fines del 2021, intentó actualizar dicho proyecto, pero la propuesta nunca llegó al pleno. Por su parte, el Gobierno Regional de Loreto aprobó en 2017 una ordenanza regional que reconoce la personalidad jurídica de los pueblos originarios y pueblos indígenas. El Ministerio de Cultura, sin embargo, estuvo en contra. Mongabay Latam solicitó una versión a este organismo y la respuesta fue que no se pronunciarían sobre el tema.
* Informe publicado en alianza con Mongabay Latam.