Ex Ministra del Ambiente, Elsa Galarza, afirma que el Acuerdo de Escazú no va contra la inversión

Elsa Galarza dijo que el Acuerdo de Escazú fortalece las capacidades de comunicación y defensa ambiental, contempla participación y transparencia en la prevención de posibles conflictos ambientales. También señaló que el proceso en el que se discutió fue de gran apertura y contó con la participación de diferentes estamentos como la academia y el sector privado. 

“El Acuerdo considera mecanismos para fomentar el trabajo, a nivel regional. Hay países que necesitan establecer normas de transparencia de la información, dar a conocer decisiones que se toman desde los gobiernos. En nuestro país existen sistemas de información ambiental activos, pero deben nutrirse de información de los diferentes sectores en el impacto al ambiente”, señala Galarza. 

Indicó que la propuesta de contar con justicia ambiental, pasa por la implementación de fiscalías especializadas, como la creada en Madre de Dios frente a la minería ilegal. “Es poco para el ámbito del territorio nacional de gran riqueza y biodiversidad. Se necesita más apoyo de la fiscalía especializada. Necesitamos peritos en materia forestal, que conozcan de diferentes tipos de madera, oro, especies de vida silvestre, estos temas deben mejorarse y promoverse”, opinó. 

¿Cuál es la implicancia a nivel internacional? Galarza señala que el Acuerdo aspira a un objetivo común con todos los países de la región, como contar con el mismo nivel de protección, garantía y promoción de los derechos de acceso a la información y participación. “Muchos de nuestros países compartimos muchos ecosistemas, es por eso importante tener un trabajo común que va más allá de las fronteras políticas. Para eso se establecería que los países se reúnan para seguir avanzando en apoyos entre los países”. 

En cuanto al tema ambiental ´la ex ministra señaló que se han logrado avances en cuanto a transparencia pública, que es disponible y abierta al público, pero nos abre en tener información más específica más avanzada y sistematizada con el Acuerdo de Escazú.  

¿Qué desafíos existe? 

Para Galarza hay aún una brecha en la implementación de los derechos, por ejemplo a nivel de justicia hay que especializarla. “Los avances que se han dado en el país no es homogéneo en todos los sectores, hay muchos sectores que trabajan con recursos naturales, como Minem, Agricultura, Transporte (…) hay muchos sectores donde se debe implementar estos derechos del acceso a la información y participación, se sacrifica estos derechos porque se dice que no es compatible con la reactivación económica o porque detienen el crecimiento económico, es lo contrario, si tenemos un proyecto que presenta información transparente y clara a toda la población es un pro y no un contra para la empresa, pues  el hecho de no compartir u ocultar información a la larga hace que las obras se paralicen y eso genera más daño al país”. 

A la sesión de la Comisión de RR.EE., también se presentó el ministro del Interior, César Gentille Vargas, quien sostuvo que el Acuerdo de Escazú contribuirá a cimentar el derecho a vivir en un ambiente sano con acceso efectivo a la justicia ambiental. 

“Es conveniente para los intereses del país una política dirigida desde el Ejecutivo que cuente con respaldo intersectorial a través de sus organismos técnicos, los despachos vice ministeriales de Seguridad Pública. La Policía Nacional, por su parte, refirió el marco legal para la conservación y asesoría jurídica que contempla la viabilidad de Escazú en el marco de la Constitución”, precisó.  

Aclaró que el actual gobierno del Perú no haría ningún acto contrario a los intereses del país.