Un estudio determinó que la deforestación y el daño medioambiental en la Amazonía se puede reducir a la mitad con la implementación de un patrullaje integrado con alertas basadas en satélites. Según los investigadores, los comunidades indígenas que utilizaron esta tecnología para ejercer vigilancia forestal lograron una disminución del 52% en las cifras de deforestación durante el primer año, en comparación con aquellas donde no se aplicó esta estrategia.
Estos hallazgos, publicados en la edición del 12 de julio de la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), demuestran que reconocer los derechos de los pueblos indígenas sobre su territorio es una forma eficaz de preservar los bosques y combatir la crisis climática.
La reducción de la deforestación se concentró especialmente en las comunidades que enfrentan las amenazas más inmediatas como la minería ilegal del oro, la tala, y la plantación de cultivos ilícitos como la hoja coca. Según el estudio, la deforestación cayó en un 52% en el 2018, y en un 21% en el 2019, en aquellas comunidades donde se asignó equipo y capacitación al azar, en comparación con las que no los tuvieron.
El estudio tuvo lugar en las comunidades Shipibo de Patria Nueva y Nueva Saposoa, ubicadas en la región Ucayali, y fue dirigido por investigadores de la Universidad de Nueva York y la Universidad Johns Hopkins en colaboración con Rainforest Foundation US (RFUS) y la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Oriental (Orpio).
Se escogieron a 36 comunidades para intervención. En cada una, se identificó a tres representantes que debían realizar patrullajes mensuales con el fin de verificar los informes de deforestación. Para esto, se utilizaron fotos proporcionadas por un satélite lanzado en 2016, Perú SAT-1, que sobrevuela el país 14 veces al día. Asimismo, se escogieron 37 comunidades como control para mantener sus prácticas habituales de manejo forestal.
Para guiar a las patrullas a los sitios con alertas de deforestación, una vez al mes se entregaban unidades USB con fotos satelitales e información de GPS a las comunidades cercanas. Posteriormente, los monitores asignados descargaban la data en aplicaciones especializadas para teléfonos inteligentes.
La evidencia de actos deforestación no autorizada para extraer madera, hacer minería o plantar hoja de coca era presentada luego a una asamblea de miembros de la comunidad, la cual decidía si debía expulsar a los invasores o avisar a la policía, según fuera el caso.
Durante los dos años que duró el estudio, las comunidades evitaron la destrucción de cerca de 456 hectáreas de selva tropical, equivalente a impedir la liberación de más de 234,000 toneladas métricas de emisiones de CO2.
